Cuando el vigilante de seguridad se ausentaba se dedicaban a observar las imágenes del monitor de este edificio público dependiente del Ministerio de Trabajo.

 

La Audiencia Nacional ha confirmado una sanción de 30.051 euros a una empresa por utilizar a trabajadores que debían realizar labores de conserje para llevar a cabo también funciones de vigilancia en un edificio de la Seguridad Social ubicado en Alicante.

La sentencia, fechada el pasado septiembre, establece que la mercantil, incurrió en una infracción de la Ley de la Seguridad Privada, tal y como falló en enero del pasado año el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 8.

Los hechos fueron denunciados por un órgano sindicalista en septiembre de 2011 y confirmados posteriormente por miembros de la unidad territorial de Seguridad Privada de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante.

Los agentes confirmaron que los empleados se dedicaban a observar las imágenes del circuito cerrado de televisión de este edificio público dependiente del Ministerio de Trabajo, cuando el vigilante de seguridad se ausentaba, pese a carecer de facultades legales para ello.

Es más, un vigilante de seguridad de la empresa que custodiaba oficialmente el edificio público declaró en el juicio que eran trabajadores de la otra mercantil los que desarmaban el sistema de alarma contra robo e intrusión y encendían a primera hora de la mañana el sistema de visionado de imágenes.

Igualmente, "mientras él realizaba rondas", continúa el fallo, esos trabajadores gestionaban el centro de control y visionaban las imágenes del monitor, así como efectuar anotaciones en el libro denominado 'Seguridad de Control de Accesos' entre las 7 y 9 horas.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la mercantil infractora contra la anterior sentencia y ha confirmado la sanción al dictaminar que las funciones que hacían sus conserjes encajan en las reguladas por la Ley de Seguridad Privada.

Ello habría requerido para prestarlas "la oportuna autorización del Ministerio del Interior, que el personal tenga la habilitación necesaria y su inscripción en el registro de empresas de seguridad". 

Ministerio del Interior

Artículo 148. Infracciones muy graves.

Las empresas podrán incurrir en las siguientes infracciones muy graves:
1. La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización necesaria, incluyendo:
a) La prestación de servicios de seguridad sin haber obtenido la inscripción y la autorización de entrada en funcionamiento para la clase de servicios o actividades de que se trate.

Artículo 149. Infracciones graves.
Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones graves:
5. La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad, de personas que carezcan de la nacionalidad, cualificación, acreditación o titulación exigidas, o de cualquier otro de los requisitos necesarios, y la utilización de personal habilitado sin la correspondiente comunicación de alta en la empresas, en la forma establecida. (Modificado por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre y por Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo)