La Policía Nacional desarticuló en Vigo una trama que certificada cursos de formación a vigilantes de seguridad de la provincia e imputó a la directora de un centro de formación y a tres responsables de una empresa de seguridad por los presuntos delitos de falsificación en documentos oficiales.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de febrero con la denuncia de un vigilante de seguridad, que al finalizar su relación laboral con la empresa comprobó que tenía certificado un curso sobre seguridad en eventos deportivos y espectáculos públicos del año 2013 que no había realizado.

En el transcurso de las pesquisas, otros dos vigilantes denunciaron tener certificados varios cursos que no habían hecho, por lo que la Unidad de Seguridad Privada inició una investigación más amplia e interrogó a una treintena de personas para verificar posibles irregularidades por parte del centro de formación y de la empresa de seguridad para la que trabajaban todos los afectados.

Esta cartillas las expide la Dirección General de la Policía y son propiedad de los vigilantes, si bien en el momento que entran a formar parte de la plantilla de una empresa se le entregan a esta en régimen de depósito.

El responsable de la entidad deberá anotar en ellas las diferentes situaciones administrativas del vigilante, así como los cursos de formación o actualización que este realice o reciba, y cuando finaliza la relación laboral se devuelve a su propietario.

Finalmente, los agentes remitieron al Juzgado de Instrucción número 1 de los de Vigo un total de 17 cartillas profesionales presuntamente falsificadas, lo que permitió imputar a cuatro personas por un supuesto delito de falsificación de documentos oficiales, a la directora del centro de formación como autora material de los hechos y los otros tres responsables de la empresa de seguridad como cooperadores necesarios.

Empresas bonificadas

La Unidad de Seguridad Privada solicitó diversa documentación y descubrió que la empresa de seguridad había utilizado bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social por la formación ficticia recibida por los vigilantes.

Los agentes comunicaron todo a las autoridades por si el Servicio Público de Empleo Estatal o la Inspección de Trabajo condenasen a la empresa a la devolución de las cantidades bonificadas, así como a cumplir las sanciones económicas correspondientes. Los investigadores averiguaron también que este había expedido dos diplomas a una persona de Murcia para que se presentase a las pruebas de vigilante de seguridad, si bien toda la formación se había realizo en la modalidad "a distancia", algo prohibido por la normativa de seguridad privada.