El número de armas que posee la seguridad privada es en cambio mucho menor al de las fuerzas públicas.

La seguridad privada sigue siendo una de las industrias más florecientes del mundo pese a la crisis económica global, empleando en la actualidad a al menos 20 millones de personas, casi el doble de agentes de policía en activo. Lo pone de manifiesto el Informe de Armas Ligeras 2011 que publicó hoy en Ginebra el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo, que refleja la fuerte expansión que el sector ha experimentado en las últimas dos décadas en todo el planeta.

El director de la investigación, Robert Muggah, explicó en conferencia de prensa que "el principal factor de este boom parece ser la externalización por parte de los Gobiernos de muchas funciones relacionadas con la seguridad". No obstante, según explicó Muggah, el personal que emplean las empresas privadas de seguridad tienen en su poder "muchas menos armas de fuego que las fuerzas de seguridad".

El estudio, elaborado a partir de los datos de 70 países, indica que la seguridad privada dispone en su conjunto de 4 millones de armas de fuego, una cifra muy inferior a los 26 millones de las fuerzas de seguridad y a los 200 millones de los ejércitos. Los autores del informe plantean la pregunta, para la que no tienen respuesta, de si esta tendencia supone una mejora de los niveles de seguridad o, por contra, empeora las condiciones.

"Es incuestionable que se está produciendo una privatización generalizada de la seguridad", explicó Muggah, quien advirtió también de que la expansión de la industria no ha conllevado una mejora de los mecanismos de seguimiento y transparencia. "Pese a las evidencias de que algunas compañías de seguridad privada han comprado armas ilegalmente, de que han perdido armas por robos o de que han malversado sus arsenales, no existe un sistema sistemático de información sobre estos comportamientos", dijo.

Se da el caso de que muchos Estados prohíben el uso de armas ligeras por parte de los guardias privados de seguridad, lo que no impide que en determinados países, especialmente en zonas de conflicto, estos agentes dispongan de una media de tres armas.

El informe pone de relieve que hay "una distinción progresivamente borrosa entre las fuerzas de seguridad privadas y públicas" y que las multinacionales que han encontrado un importante nicho de mercado no están sujetas a mecanismos fiables de control. "Las iniciativas internacionales para hacer frente a los vacíos regulatorios siguen en mantillas", explicó Muggah.

Otro de los problemas de la influencia corporativa es que los sistemas de supervisión establecidos por las multinacionales del sector "son por lo general demasiado débiles para prevenir la contratación de personal privado de seguridad conocido por haber utilizado la fuerza de manera abusiva en el pasado". La evidencia muestra que las leyes del mercado han impulsado esta industria, ya que, según el informe, "el comercio legal de armas ligeras, armas personales y sus respectivas municiones asciende anualmente 7.100 millones de dólares (4.940 millones de euros)".

Emile LeBrun, coordinador del informe, señaló que las guerras en Irak y Afganistán han contribuido al aumento de este tipo de armas y enumeró la lista de países más implicados en este comercio.

Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador, y también el mayor importador, de armas personales y ligeras, ya que la propiedad privada de estas armas es habitual y culturalmente aceptado. En el terreno de la exportación le siguen por este orden: Italia, Alemania, Brasil, Suiza, Israel, Austria, Corea del Sur, Bélgica, la Federación Rusa, España, Turquía, Noruega y Canadá. Según los datos facilitados por las autoridades aduaneras, en las importaciones, por detrás de Estados Unidos figuran Canadá, el Reino Unido, Alemania, Australia, Francia y Pakistán.

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